Los tributos de las comunidades indígenas financiaban las estructuras de poder en la Nueva España. Contribuían con alimentos, textiles, granos de cacao y animales a encomenderos y funcionarios reales, quienes luego valoraban los bienes y les asignaban un valor monetario. Como demuestra este documento de nómina, los administradores locales y regionales reclamaban sus salarios del tributo y mandaban el resto a través del aparato imperial.

La Iglesia Católica no estuvo libre de pecado en la extracción colonial. La institución exigía a los españoles y a otros grupos no indígenas el pago de diezmos, un impuesto del diez por ciento sobre la producción agrícola, que sostenía la mayor parte de sus costos operativos y salarios clericales. Los encomenderos, que tenían la responsabilidad de contratar a un párroco para procurar el bienestar espiritual de las comunidades indígenas que supervisaban, trasladaban el costo a los pueblos indígenas aumentando sus niveles de tributo (Schwaller, 19-23, 69). Las comunidades que solo tenían frailes tenían que mantenerlos con alimentos, bienes y trabajo, ya que los mendicantes no podían beneficiarse del diezmo.

A lo largo del siglo XVI y más allá, los indígenas navegaron hábilmente los sistemas judiciales para contrarrestar la explotación y extracción de recursos. Tenían dos vías para buscar justicia, siendo la primera el gobierno virreinal. Poco después de la conquista, las comunidades indígenas cultivaron y forjaron una relación de señor-vasallo con la "imagen viva del rey", el virrey, que enfatizaba su necesidad de protección contra el interés propio (Owensby, 10).

Los indígenas también acudieron a los tribunales eclesiásticos para remediar los abusos de los españoles. En este documento, un escribano indígena enumeró las instancias en las que la comunidad de Tepatepec sintió que el corregidor de Mixquiahuala, el administrador y juez real del distrito, los había defraudado. Alegaron que el Corregidor Manuel de Olvera, identificado a lo largo del relato con un bastón, no cumplió con el pago de bienes y la representación legal en relación a los diezmos y la conscripción laboral.

La comunidad indígena adjuntó esta reclamación a un caso legal presentado en un tribunal eclesiástico por el clérigo Juan de Cabrera de Mixquiahuala; el sacerdote acusó a Olvera de impedir que los naturales de la región asistieran a misa y le pagaran su salario. Los líderes indígenas de Tepatepec vieron esto como una oportunidad para buscar posibles represalias por pérdidas monetarias y de propiedad por parte de Olvera, desplegando el mismo discurso de "necesidad de protección" que los españoles usaron para justificar su dominio sobre ellos.

La extracción de plata en las Américas en general sostenía el imperio español, especialmente en el siglo XVIII. Los administradores de minas dependían en gran medida de africanos esclavizados, afrodescendientes e indígenas, que eran reclutados con permiso real por los sacagentes para extraer la riqueza mineral. En las minas de Zimapán, la fuerza laboral estaba compuesta por más de 700 otomíes y 35 afrodescendientes de la región.

Los mineros se rebelaron contra la conscripción y los abusos. Pedro Romero de Terreros, o el Conde de Santa María de Regla, lidió con varias huelgas en sus minas cercanas de Real del Monte-Pachuca unos años antes de comprar la mina en Zimapán llamada Lomo de Toro en 1768, letra 'L' en el mapa de arriba. Extrajo de sus numerosas minas estaño, plata y magistral, que se usaba en la refinación de plata. El conde eventualmente dominaría la industria minera y la economía novohispana en general, convirtiéndose en su élite más rica en la década de 1770 y haciendo de la Nueva España la posesión territorial más rica del imperio.