Amenazas Internas y Externas

Aunque los españoles habían conquistado gran parte de México central a mediados del siglo XVI, la periferia resultó ser una batalla constante hasta el final del período colonial. Muchas comunidades indígenas en la región norte de la Nueva España continuaron rechazando la dominación española. Entre ellas se encontraban los grupos nómadas y seminómadas identificados colectivamente como los "Chichimecas" (1554-1591), los tepehuanes, pimas y seris en Nueva Vizcaya (1687-1695), y los pueblo en Nuevo México (1680-1694).

A fines del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, España también tuvo que defender cada vez más sus reclamaciones territoriales de otros imperios. Los franceses fueron quizás los más persistentes en su incursión en la Nueva España, comenzando con corsarios franceses atacando en Veracruz (1683), Campeche (1685) y Yucatán (1689-1699). Sin embargo, el movimiento oficial y quizás más amenazador de la Corona francesa fue cuando buscó establecer asentamientos en las fronteras norte de la Nueva España (1685-1686 y 1693-1719). Los ingleses también buscaron penetrar en el virreinato, pero en la frontera sur, buscando ocupar puntos en Nicaragua (1673-1675, 1780), Campeche (1703-1719) y Belice (1722-1737).

Para sofocar la rebelión interna y mantener a raya la incursión extranjera, el gobierno virreinal erigió fuertes en la periferia y financió una fuerza militar.

Control de los Centros Urbanos

Los centros urbanos del virreinato, especialmente aquellos con fuertes vínculos con la industria de extracción de minerales, experimentaron su parte de desorden y rebeldía. En 1716, las autoridades reales crearon una agencia de aplicación de la ley, el Tribunal de la Acordada, para abordar el bandolerismo rural. Al ver un aumento en la delincuencia en las ciudades, las autoridades municipales comenzaron a reformar y expandir las medidas policiales obsoletas. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo cuando la Corona española permitió que la fuerza de la acordada ayudará en la aplicación de la ley en las ciudades.

En un intento por hacer más eficiente el control policial de las ciudades y vigilar de cerca las quejas urbanas, los funcionarios metropolitanos comenzaron a implementar el sistema de cuarteles en 1783 como otro elemento del vasto programa de Reformas Borbónicas. Este sistema dividía las ciudades en barrios y colocaba una autoridad real al mando para mantener el orden y la ley. Como se ve en este mapa, las autoridades dividieron la Ciudad de México en ocho cuarteles principales, dividiendo estos aún más en treinta y dos subunidades. Los alcaldes de barrio no sólo mantenían el orden en su área asignada, sino que también ejercían control social al llevar un censo detallado de quiénes vivían en el cuartel más pequeño, similar al que se ve aquí.

Expulsión de la Orden Jesuita

La Corona Borbónica también buscó limitar el poder que las órdenes religiosas tenían en la Nueva España y en todo el imperio. Desde el siglo XVI, estas instituciones habían forjado fuertes lazos financieros, educativos y familiares que les otorgaban una influencia significativa sobre la sociedad novohispana. Sintiéndose amenazadas, estas fraternidades religiosas, particularmente los jesuitas, se resistieron a las Reformas Borbónicas destinadas a subordinar la Iglesia Católica bajo la autoridad real. Cuando surgieron rebeliones urbanas como resultado de otras reformas, la Corona Borbónica lo consideró como una oportunidad para retratar a la Orden Jesuita como instigadora, expulsando a sus miembros del imperio en 1767.

La sociedad novohispana quedó impactada cuando se enteraron de la expulsión de la orden, por decir lo menos. Alrededor de 1773, alguien conmemoró el "increíble" acto documentando los eventos. Muchos en la Nueva España lamentaron la pérdida de la Sociedad hasta el siglo XIX. En 1816, Manuel Quiros y Camposagrado compuso una colección de poemas anhelando la restauración de la orden religiosa y se la dedicó a Fernando VII.